Cesar Lorenzo Rubio
(Barcelona, 1978) es doctor en historia por la Universidad de
Barcelona. Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en
la transición es el libro de su tesis doctoral. Especializado en
cuestiones penitenciarias ha colaborado en la obra El siglo de los
castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX,
junto a varias artículos sobre los mismos temas.
¿Por qué un libro
sobre los presos sociales en la Transición?
¿Por qué no antes?
Durante tres décadas este tema ha quedado completamente olvidado y
creo que le sobra entidad como para merecer un estudio en
profundidad. Unos años atrás hubo un pequeño “boom” sobre las
prisiones franquistas, pero la práctica totalidad de aquellas obras
se centraban en los presos políticos de los años cuarenta. ¿Qué
sucedió después? ¿Cómo evolucionaron las prisiones de Franco
hasta convertirse en las prisiones de la democracia? Esa es la
pregunta inicial que da pie al libro, y para responderla hay que
explicar el papel central que tuvo el movimiento de presos sociales a
finales de los años setenta y principios de los ochenta.
Últimamente están
saliendo a la luz numerosos trabajos críticos del proceso denominado
“Transición”. ¿Enmarcarías tu investigación dentro de este
grupo?
Sin duda el libro está
influenciado por otras obras críticas con el proceso, y si puede
ayudar a reforzar esta visión, aportando nuevos argumentos, tanto
mejor. Pero no es algo exclusivo de las Ciencias Sociales; a nivel de
calle también se están cuestionando dogmas que hasta hace unos años
parecían intocables. La cultura de la Transición (CT), como la ha
llamado Guillem Martínez, se ha resquebrajado, y por sus grietas
escapan las contradicciones y las miserias que el consenso, el miedo,
o la autosatisfacción hacia un pasado que muchos consideraban
idílico, habían ocultado. Las cárceles son uno de esos lugares
incómodos que preferiríamos ignorar, pero una revisión de la
Transición y de su legado debe cuestionarse el modelo sin dilación.
Has trabajado e
investigado todo lo relativo al sistema penitenciario en aquellos
años. ¿Hubo ruptura con el franquismo o el sistema penitenciario
fue una mera continuación remozada del régimen franquista?
Hubo una reforma legal
relativamente rápida y de considerables proporciones: si se compara
el reglamento de prisiones franquista y ley penitenciaria de 1979,
las diferencias son notables. Pero esta reforma no estuvo acompañada
de los medios para ponerla en práctica y por ello quedó, en la
mayoría de ámbitos, reducida a una declaración de intenciones.
Todavía hoy, algunas de las mejoras que se introdujeron hace 35 años
no se cumplen. Además, fue una reforma incompleta, porque se legisló
la vida en prisión pero el Código Penal sólo se reformó de forma
muy parcial, hasta que en 1995 se aprobó el llamado Código de la
democracia. Y éste, paradójicamente, era más duro en cuanto al
cumplimiento de penas que el anterior de época franquista. Y, por
supuesto, tampoco hubo depuración de funcionarios. En definitiva,
hubo ruptura legal en algunos aspectos, pero no real, en la mayoría;
y en todo caso, se mantuvieron intactos los principios universales
del encierro carcelario: la segregación del individuo de la
sociedad, la opacidad informativa de lo que sucede dentro, el
premio-castigo como sistema de regulación de la vida entre rejas,
etc.
¿Cómo se podría
definir la COPEL?
La Coordinadora de Presos
en Lucha (Copel) fue el intento de agruparse de los presos sociales
(los encarcelados por delitos de Derecho común) para reivindicar su
posición tras las amnistías para presos políticos. Al ver que
estas medidas no les beneficiaban, a finales de 1976 un grupo de
presos de Carabanchel decidió crear una asociación de reclusos para
defender sus derechos: la libertad para todos los encarcelados y una
reforma drástica y radical del sistema penal y penitenciario.
¿Qué significó la
Copel para la lucha de los presos en aquellos años?
A pesar de que no fue una
organización en sentido estricto (debido a la imposibilidad de
estructurarla por los condicionantes a la comunicación), sus siglas
y reivindicaciones se difundieron a la mayoría de prisiones, y su
nombre está indisolublemente asociado a las protestas carcelarias de
la Transición. Fueron apenas dos años, pero muy convulsos, en los
que la Copel se convirtió en la portavoz de los presos sociales en
su lucha contra la perpetuación del sistema penitenciario
franquista. En sus momentos finales, cuando sus líderes estaban
sometidos a un severo aislamiento y se había perdido toda esperanza
de lograr la libertad, se acusó a la Copel de mafia al servicio de
intereses particulares, y probablemente hubo algunos episodios de
abusos e instrumentalización. Pero esos casos u otras
contradicciones internas, no pueden hacernos obviar el mayor episodio
de movilización colectiva entre rejas de la historia.
Aunque se habla de
presos sociales muchos de ellos tenían un claro componente político
en sus reivindicaciones. ¿En que manera pudieron influir los presos
políticos en esa politización?
Durante los años finales
de la dictadura los presos sociales habían convivido junto a
militantes antifranquistas de todo tipo, y aunque las relaciones no
eran demasiado fluidas, debido a la disparidad de perfiles entre un
colectivo y otro, los presos sociales aprendieron mucho gracias a
este contacto. De ellos observaron los métodos de organización
(vida en comunas) y protesta (redacción de informes y cartas a la
prensa, huelgas de hambre…); la vinculación con los grupos de
apoyo en el exterior y, sobre todo, se dotaron de un lenguaje con una
fuerte carga ideológica, que presentaba su lucha contra la cárcel
dentro de la propuesta de ruptura democrática con el pasado. La
politización que se daba en las calles también penetraba en las
prisiones, y los presos sociales, a pesar de no militar en ninguna
organización, no eran ajenos a ese clima de reivindicación a favor
de la amnistía y las libertades.
Tiene alguna similitud
la lucha de los presos en los años 70 y 80 con la que habían
desarrollado en los años 20 y 30?
En los años 20 y 30 la
represión al movimiento obrero, especialmente de signo anarquista,
provocó que el conflicto social que se vivía en las calles se
prolongase al interior de las cárceles. Y durante la II República
se produjeron importantes protestas de presos comunes (o sociales) en
demanda de libertad tras las amnistías para presos políticos. En
este sentido, el paralelismo con los años setenta no son
descabellados. Pero medio siglo después, se consiguió articular un
discurso unitario y una coordinación –aunque precaria– que en
los años treinta nunca se logró al mismo nivel.
¿Con que ideologías
se sentía más vinculada organizaciones como la Copel o los presos
sociales?
Fue especialmente notable
la influencia y el apoyo del movimiento libertario, en línea con la
histórica oposición a las prisiones de esta corriente de
pensamiento. En la calle, la CNT y la gente que se movía a su
alrededor constituyeron uno de los puntales del apoyo extramuros a
los presos sociales, y de cancelas para dentro, no pocos militantes
ácratas detenidos por distintas causas apoyaron las reivindicaciones
de Copel.
¿Como Agustín Rueda?
¿Qué significó su muerte para la lucha de los presos y para la
Copel?
Rueda era un joven
libertario que fue detenido por participar de las acciones de los
grupos autónomos que operaban en el sur de Francia. Desde su ingreso
en prisión se posicionó a favor de las demandas de los presos
sociales y participó junto a éstos en algunas acciones de protesta.
En marzo de 1978, en Carabanchel, lo descubrieron cavando un túnel y
por ello fue salvajemente torturado hasta que murió sin recibir la
debida atención médica. Su muerte, que intentó ocultarse por parte
de la Administración, se convirtió en todo un símbolo del estado
de dejadez de las prisiones y la demostración incontestable del
abuso de la mano dura entre rejas. Tanto la Copel como el movimiento
libertario hicieron suya la pérdida e intentaron denunciar el
hostigamiento que padecían, pero fue en vano.
¿Qué acciones hacían
estos presos?
El repertorio de
protestas empezó de forma pacífica, a base de sentadas o plantes en
los patios y el envío de centenares de instancias dirigidas al Rey
reclamando un indulto o una amnistía. Pero ante la falta de
respuesta positiva y la dureza de los métodos empleados para lograr
su desmovilización, también aumentó su grado de violencia. En este
contexto se han de entender las ocupaciones de los tejados, el envío
de manifiestos, las autolesiones colectivas (cortes en los
antebrazos, ingestión de objetos metálicos…), las huelgas de
hambre y, también, los motines en los que la destrucción de las
celdas y los incendios no eran extraños. Los presos recurrieron a
todo para dar a conocer su situación en el exterior.
¿Qué apoyos recibían
desde fuera de los recintos penitenciarios?
En diversas ciudades se
organizaron Comités de Apoyo a Copel: grupos, más bien informales,
que editaban boletines y se manifestaban a las puertas de la prisión
para mostrar su solidaridad. En estos colectivos, y otros como la
Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Ex Presos, se
integraron abogados, trabajadores sociales y, en general, personas
concienciadas sobre la situación de las prisiones y sus ocupantes.
Ideológicamente predominaban las ideas libertarias, contrarias a
todo tipo de instituciones de control (no sólo cárceles, también
manicomios, cuarteles…), o de extrema izquierda, aunque hubo
iniciativas reformistas –menos radicales que la Copel– más
transversales. Numéricamente fueron pocos, pero jugaron un papel
fundamental hacia el interior de los muros.
Háblanos un poco de
la figura de Daniel Pont al frente de la COPEL
Pont era un joven preso
por atraco que consiguió romper con el círculo vicioso de la
marginalidad y dotarse de una fuerte conciencia sobre las
circunstancias que lo habían llevado a prisión. Participó en la
creación de la COPEL en Madrid y fue uno de sus miembros más
destacados, lo que lo llevó a entrevistarse con el director general
de Instituciones Penitenciarias en una visita de éste al penal de El
Dueso. Fue uno de los pocos presos combativos que no acabó
enganchado a las drogas, o muerto por disparos de la policía, a
pesar de que se le intentó usar como cabeza de turco en un oscuro
montaje policial años después.
¿Qué papel jugaron
los directores generales de Instituciones Penitenciarias en el
mantenimiento de las estructuras carcelarias? ¿Se hizo algo por
modificarlas?
Los directores generales
no eran más que la cabeza visible de una administración que había
jugado un papel central en la represión durante la dictadura y que,
salvo mínimos cambios, permanecía intacta. Por tanto, el nuevo
talante democrático que pretendieron darle algunos de estos
directores quedó muy diluido por la persistencia de una cultura del
castigo, de raíz franquista, muy asentada. Las tímidas innovaciones
en sentido aperturista que algunos propusieron, fueron rápidamente
revocadas por las resistencias de los funcionarios a aplicarlas, así
como por la negativa de los presos a rebajar sus demandas. Y junto a
estas medidas liberalizadoras, también aplicaron otras destinadas a
endurecer las condiciones de reclusión y evitar la proliferación de
protestas.
Casi al final de la
obra relatas como muchos presos se quejaban las diferencias de
tratamiento a unos presos y otros. Para más detalle la benevolencia
con la que se trataba a presos de la extrema derecha (como los
asesinos de los abogados laboralistas de Atocha) o a los responsables
del 23F. Algo que no era nuevo en la historia de España. ¿Puedes
hablar brevemente de esto?
En 1979 diversos
militantes de extrema derecha estaban recluidos en la cárcel de
Ciudad Real, donde disfrutaban de un régimen enormemente laxo. Uno
de los asesinos de la matanza de Atocha aprovechó esta libertad de
movimientos para intentar escapar armado con un cuchillo de monte, y
aunque no lo logró, retuvo durante horas al director de la prisión
y a su familia, sin que se le aplicase apenas correctivo. Otro de los
asesinos de los abogados laboralistas aprovechó un insólito permiso
de Semana Santa para fugarse: primero a Perpignan y de allí al Chile
de Pinochet. En este caso la Junta de Régimen de la prisión, con el
beneplácito de la dirección general, informó favorablemente, y el
juez de la Audiencia Nacional que antes había formado parte del
Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, lo autorizó, como ya
había hecho antes con los acusados de los asesinatos de Montejurra.
Estos hechos, y otros más, muestran la existencia de un doble rasero
en el trato jurídico-penitenciario en función de la adscripción
ideológica de los reclusos, y ponen de manifiesto la ausencia de
depuración alguna de la magistratura o los aparatos de control del
Estado.
¿Qué factores vieron
a romper la lucha de los presos en la cárcel?
En primer lugar, el
aislamiento de sus miembros más preparados y las restricciones a la
comunicación, lo que provocó que en cada prisión los presos que se
identificaban con la Copel actuaran por su cuenta, sin poder
establecer tácticas comunes a otros cárceles. A ello se le unió la
pérdida de toda posibilidad de excarcelación masiva, tras el
fracaso de la propuesta de Ley de Indulto y la prohibición
constitucional de indultos generales. Este hecho, junto a la
implantación del tratamiento y la lógica punitivo-premial, o del
palo y la zanahoria, que castigaba al que se revelaba y premiaba con
permisos y progresión de grado al que obedecía, acabó por dar al
traste con la unidad de acción. Y por último, aunque se trata de
procesos de implantación paralelos y coetáneos en el tiempo, la
extensión del consumo de drogas, particularmente heroína, que
desmovilizó masivamente a los jóvenes (también en las calles) y en
prisión enfrentó a los presos por el control de su venta.
¿Qué queda de la
Copel hoy? ¿Existe en la actualidad algún grupo que luche por los
derechos de los presos?
La Copel pertenece al
pasado, sólo su recuerdo persiste entre las personas que vivieron el
proceso más de cerca; para la mayoría, estas siglas carecen de
significado. Desde entonces ha habido movilizaciones puntuales de
presos entorno a demandas concretas (excarcelación de presos
enfermos o con tres cuartas partes de la condena cumplida, abolición
del régimen FIES, etc.), pero su alcance ha sido muy minoritario. Al
margen de estos episodios, persiste la actividad –tal vez poco
visible, pero fundamental– de diversas organizaciones que trabajan
ofreciendo asesoramiento y denunciando los abusos del sistema
penitenciario. Salhaketa, Madres contra la Droga, la Coordinadora de
Barrios, Asociación PreSOS, Asociación Pro-Derechos Humanos de
Andalucía, o ASAPA, entre muchas otras, constituyen el movimiento
social anticarcelario actual, que tiene muy poco que ver con aquel de
hace tres décadas, porque tampoco la prisión de entonces y la de
ahora, tienen mucho que ver.
Para finalizar ¿Cómo
definirías la cárcel?
La cárcel es un
vertedero humano. Un inmenso depósito donde aislar los que
consideramos subproductos de un sistema económico injusto y
excluyente: personas pobres, enfermas mentales, migrantes y adictas a
las drogas, que nunca encontrarán entre rejas el tratamiento a sus
carencias económicas, sanitarias, educativas, afectivas, o de
cualquier otro tipo. En España, este depósito es cada vez más
grande y cada día es más fácil entrar y más difícil salir.
Estamos a la cabeza de Europa occidental en número de encarcelados
en función de nuestra población, y el horizonte de expansión sin
límites del sistema penal bajo el signo del populismo, la demagogia
y el sensacionalismo más descarnado no augura una mejora a corto
plazo, todo lo contrario.
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