Artículo publicado en el mes de julio en el periódico Diagonal con motivo del 80 aniversario del golpe de Estado contra la República. Escrito por los historiadores Fernando Hernández Sánchez y Julián Vadillo Muñoz
Las interpretaciones dadas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936
han sido de los más variopintas desde el mismo momento de
producirse. Y desde ese momento lo que se ha generado ha sido un
intento de justificación de la razón por la que un grupo de
militares, con apoyo de algunos elementos civiles, se sublevaron
contra la República legítimamente constituida.
Normalmente se ha intentado equiparar responsabilidades. Se ha
puesto a la misma altura los golpes de la derecha y la movilización
de la izquierda. Y estableciendo que dicha equiparación es falsa, lo
cierto es que si algún grupo fue hostil a la República desde el
primer momento esa fue la derecha política, de raíz monárquica, que
nunca aceptó el cambio de régimen en España.
El dificil primer bienio (1931-1933). Objetivo: matar a la
República
El ambiente de festividad que trajo la Segunda República fue
acompañado por los primeros movimientos para derrocarla. Cierto que
el Alfonso XIII marchó al exilio. Cierto que las fuerzas de orden
público no hicieron nada para impedir la proclamación de la
República. Pero figuras monárquicas, algunas de las cuales habían
tenido cargos importantes durante la dictadura de Primo de Rivera, se
reunieron en la misma noche del 14 de abril de 1931 en la casa del
Conde de Guadalhorce. A dicha reunión, junto con el propio conde que
había sido ministro de la dictadura, acudieron el Marqués de
Quintanar, José Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo
de Rivera, Yanguas Messía y Vegas Latapié. En dicha reunión ya se
juró como objetivo liquidar la República lo antes posible. Y
hacerlo por cualquier medio. Aquí se entiende la agitación que los
monárquicos tuvieron en los primeros momentos de la proclamación
republicana en contra del propio régimen.
Pero los monárquicos no se frenaron ahí. Gracias a las leyes de
libertad de asociación republicana, pronto constituyeron un Círculo
Monárquico, cuya sede estuvo en la calle de Alcalá. Y muchas
personalidades partidarias del Rey destronado visitaron a este en
Roma (Luca de Tena, el conde Gamazo, Gabriel Maura, etc.)
No se puede decir que la Iglesia actuara tampoco para dar paz en la
República. Desde el primer momento consideraron las medidas llevadas
a cabo por la República como un ataque. El cardenal primado de
Toledo, Pedro Segura, llegó a decir que “la maldición bendita
caiga sobre España si llega a consolidarse la República”. Frente
a unas medidas moderadas en materia religiosa por parte del gobierno
republicano, la Iglesia le plantó batalla a la República desde el
primer momento a través de sus asociaciones (Acción Española) o
desde sus medios de comunicación (El Debate). La laicización del
Estado y la sociedad, así como de la educación, bastión de la
Iglesia católica en otras épocas, no fue bien acogida por la amplia
mayoría del catolicismo español. Hablar de violencia anticlerical
antes de la Guerra Civil se antoja complicado, teniendo en cuenta que
solo durante la movilización en Asturias en 1934 se produjeron
asesinatos de sacerdotes. En el resto del periodo no hubo víctimas
clericales. La Guerra Civil si marcó un cambio en este aspecto.
Tampoco extraña la virulencia con la que los cuerpos de seguridad
de la República actuaron contra las movilizaciones obreras,
motivadas por la lentitud de las reformas y la premura de la búsqueda
de soluciones. Las fuerzas de orden público no fueron depuradas por
las instituciones republicanas y en su seno actuaban elementos que
venían de otras épocas donde la represión era sin cuartel. Aquí
hay que inscribir los sucesos de Arnedo o Castilblanco. Para
remediarlo, la República promulgó la creación de la Guardia de
Asalto. Pero en dicho cuerpo acabaron personajes como el capitán
Rojas Feijespán, elemento derechista y ejecutor de la masacre de
Casas Viejas. Sin quitar responsabilidad a las autoridades políticas
republicanas, lo cierto es que sus cuerpos de seguridad actuaron en
más de una ocasión contra ella misma.
El hecho más destacado del primer bienio fue el intento de golpe de
Estado que el general Sanjurjo encabezó el 10 de agosto de 1932. En
dicha conspiración participaron viejas glorias monárquicas:
Barrera, Cavalcanti, Fernández Pérez, Sainz de Lerín, etc. Pero la
conspiración fue un fracaso. Solo Sevilla el golpe tomó visos de
triunfo. Pero la movilización obrera así como el fracaso del resto
del plan, hizo caer las pretensiones de los militares golpistas. La
República se había salvado.
¿Fue el único intento? No. Los monárquicos alfonsinos y carlistas
tenian en mente golpes y conspiraciones que no llegaban a fraguar.
Nombres como los de Burgos y Mazo, Víctor Pradera, Esteban Bilbao,
el Conde de Rodezno, Lamamié de Clairac, etc., estaban metidos en
dichas conspiraciones. Además en ese tiempo ya comienzan a emerger
los grupos de carácter fascista o fascistizante, que como el Partido
Nacional Español de José María Albiñana, las Juntas de Ofensiva
Nacional-Sindicalistas de Ramiro Ledesma Ramos o la Falange Española
de José Antonio Primo de Rivera, tenían como objetivo prioritario
matar a la República.
¿Hubo violencia política por parte de la izquierda? Sí. Pero en
ningún caso se podía establecer como algo conspirativo. Las
movilizaciones obreras vinieron dadas por la lentitud o insuficiencia
de las reformas republicanas. Los libertarios, que participaron en la
llegada de la República, fueron beligerantes con ella a través de
movilizaciones que pretendía proclamar el comunismo libertario. Una
quimera de objetivo que los propios libertarios reconocieron como
error en su congreso de 1936. Unas movilizaciones que también tenían
su parte al denunciar que leyes como la de Defensa de la República
eran más dura con las movilizaciones obreras que con los intentos de
sedición de la derecha.
Hacia
la victoria del Frente Popular
Que la República era una democracia normal lo demuestra que cuando
en noviembre de 1933 se celebraron elecciones generales, las
candidaturas de derechas representada por la CEDA y el Partido
Radical obtuvieron la victoria. Y aunque la trayectoria republicana
de los radicales era innegable, la lealtad republicana de la CEDA se
pone en entredicho.
El bienio de la derecha intentó derogar parte de las medidas del
primer bienio. Y el hito represivo más importante del momento fue la
huelga general de octubre de 1934. La intervención del Ejército de
África en la represión en Asturias, con el beneplácito del
gobierno, marcaba un macabro precedente. Militares que serán
protagonistas en julio de 1936 ya participaron en dicha represión.
Francisco Franco o López Ochoa son ejemplo de ello. La derecha, en
vez de depurar responsabilidades por las barbaridades que el Ejército
cometió en la represión asturiana, continuó con la tarea de
presentar a la izquierda como golpista, encarcelando a sus dirigentes y militantes y presentando la huelga general y los sucesos de
Asturias como el precedente del “bolchevismo en España”. Una
razón sin pies ni cabeza pero que sirvió para crear una sensación
de terror en parte de la población.
A esta política represiva se unió una serie de escándalos de
corrupción que acabaron con el gobierno de la derecha y la victoria
del Frente Popular en febrero de 1936. Un Frente Popular concebido
como coalición electoral pero donde los partidos obreros no iban a
tener incidencia en el gobierno. El gobierno que salió de esas
elecciones estuvo en manos de partidos republicanos como Izquierda
República o Unión Republicana, anda sospechosos de bolcheviques o
anarquistas.
Lo que si se dio en aquel momento fue una aceleración de los
procesos que, como al Reforma Agraria, era una asignatura pendiente.
Unas movilizaciones que fue entendida y manipulada por parte de la
derecha como el antecedente de una revolución comunista para
predisponer a la población a la necesidad de un golpe de Estado.
Creando el ambiente propicio
No hubo que esperar a la confirmación oficial del triunfo del Frente
Popular para que la derecha pintara la nueva situación con tintes
apocalípticos. La CEDA había alertado de que, si triunfaba la
izquierda, las consecuencias serían “armamento de la canalla,
incendio de Bancos y casas particulares, reparto de bienes y tierras,
saqueos en forma, reparto de vuestras mujeres”. Tras las elecciones
se publicaron panfletos apócrifos con listas negras de gentes de
orden a las que se aplicarían las guillotinas ocultas en las Casas
del Pueblo. Hubo amenazas de cierre patronal, se detectaron fugas de
capitales y retirada de fondos bancarios. El general Franco solicitó
al jefe de gobierno saliente, Portela Valladares, que no entregase el
poder a los ganadores. Contrariados en sus propósitos, los
militares, con Emilio Mola como “Director”, activaron la
maquinaria de un golpe de estado con seguro a todo riesgo: cada uno
de sus cabecillas recibió del banquero-contrabandista Juan March la
promesa de un millón de pesetas depositado en una cuenta extranjera
si la intentona fracasaba.
El peso fundamental de la trama civil corrió a cargo de los
monárquicos. Su líder, José Calvo Sotelo, no era, como se dice, el
jefe de la oposición. Renovación Española solo tenía 12 de los
473 diputados de las cortes republicanas, es decir, un pobre 2,5 %.
Pero contaba con el apoyo de Mussolini a través del ex rey Alfonso
XIII, afincado en Roma. Los falangistas, que no obtuvieron
representación parlamentaria, crearon mediante el terrorismo contra
militantes izquierdistas, magistrados, agentes y oficiales de los
cuerpos de seguridad el clima de alarma propicio para una
intervención militar. Gil Robles, cuyas Juventudes de Acción
Popular (JAP) se estaban pasando en masa a la Falange, remitió a los
conspiradores medio millón de pesetas del remanente de su
presupuesto electoral.
El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, se invocó
tradicionalmente como el Rubicón de los conjurados. Sin embargo, se
sabe que la primera directriz de Mola para la planificación del
golpe tenía fecha del 25 de mayo; que Franco había sido encargado
de dirigir la conspiración en Canarias el 24 de junio; que el 1 de
julio, el monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó contratos con la
Società Anonima Idrovolanti Alta Italia para el suministro de
unos 40 aviones –cazas, bombarderos e hidroaviones- con su
combustible, 12.000 bombas de 2 a 50 kilogramos, ametralladoras y
munición por valor superior a 39 millones de liras, aportadas por
March.; y que el 9 de julio, el periodista de ABC, Luis
Bolín, contrató el Dragon Rapide y los servicios de su
piloto, un espía británico, para llevar a Franco desde Gran Canaria
a Tetuán y liderar la sublevación en el protectorado de Marruecos.
Un solo obstáculo se interponía en su camino entre Tenerife, donde
Franco se encontraba alejado por el gobierno, y el norte de África.
Se trataba del general Amado Balmes, gobernador militar de Las
Palmas, contrario a sumarse al levantamiento. Pero el 16 de julio
murió a consecuencia de un absurdo accidente durante unas rutinarias
prácticas de tiro. Franco pretextó su asistencia al entierro para
viajar sin levantar sospechas. Da que pensar si fue esta oportuna y
sospechosa muerte, la de Balmes, y no la de Calvo Sotelo, la que
jalonó el inicio de su marcha hacia el poder absoluto tras otras
desapariciones azarosas -las de Sanjurjo y el propio Mola- y la
masacre contra su propio pueblo en una guerra larga e inclemente.
Los golpistas siempre pretextaron que la sublevación fue la
respuesta al clima de violencia del periodo republicano y a un
inminente levantamiento comunista. Respecto a lo primero, los
estudios más recientes estiman en 2.629 las víctimas de la
violencia social y política entre 1931 y el 18 de julio de 1936, una
media de casi 1,5 muertes diarias. Pero no se produjeron a un ritmo
constante. Un 7% cayeron durante el cambio de régimen y el 13,5%,
con el bienio republicano-socialista. La mayor proporción, el 65%,
se dio bajo gobiernos radical-cedistas –con la salvaje represión
de Asturias en el cénit- para acabar con el 14,5% durante el Frente
Popular. El periodo en que gobernaron los partidos de derecha fue el
más mortífero: 1.550 víctimas no fueron causadas por las milicias
marxistas o los grupos de acción ácratas, sino por las fuerzas de
seguridad del estado que, a su vez, sufrieron 455 bajas. Ello
desmiente que la República fuera tolerante con la violencia
política. De los 530 individuos cuya afiliación se ha identificado,
dejando aparte octubre de 1934, 484 pertenecían a partidos o
sindicatos de izquierda. El estado, pues, conservó el monopolio de
la violencia y lo empleó contra aquellos que pusieron en cuestión
el orden establecido. Con mayor eficacia, por cierto, que contra
quienes conspiraban para derribarlo.
Las fuentes demuestran también que el comunismo nunca fue una
amenaza consistente. Desde que en el VII Congreso de la Komintern
(1935), se adoptara la línea de Frente Popular, la revolución
proletaria desapareció del horizonte inmediato, relegada por la
prioridad de combatir al fascismo. La URSS apostó por un sistema de
seguridad colectiva basado en la alianza con Francia y las
democracias occidentales para frenar al expansionismo alemán. En el
plano interior, los comunistas españoles decidieron apoyar al
gobierno contra un posible golpe de estado reaccionario. Se
enfrentaron, incluso, a los socialistas de izquierda y a los
anarcosindicalistas que, con sus huelgas sectoriales, desbordaban a
las autoridades. No existía una amenaza de revolución comunista en
la primavera de 1936. El PCE no tenía peso, influencia ni fuerza
parlamentaria suficiente como para asaltar el poder o inducir a otros
a tomarlo. Sus 17 diputados suponían el 3,6% de los escaños. Ni la
Komintern ni las prioridades geoestratégicas de la URSS
apuntaban al desencadenamiento de una revolución proletaria en
España. Fue, paradójicamente, la sublevación militar la que
propició tanto el estallido de la revolución social, al desarbolar
el estado republicano, como el espectacular desarrollo del PCE, que
precisamente se fijó como uno de sus objetivos prioritarios
reconstruirlo.
Y se produjo el golpe
Y finalmente el 18 de julio una parte del Ejército, complotada con
parte de la sociedad civil, dieron un golpe de Estado que dio inicio
a la Guerra Civil y que terminó con la victoria golpista y la
instauración de una dictadura que sumió a España en una larga
noche.
Lejos de la visión de una
República caótica, salvada por unos militares patriotas, lo cierto
es que la derecha política tuvo desde el primer momento como
objetivo derrocar esa República con la que no se sintió cómoda.
Repartir responsabilidad, como hacen los “revisionistas”, en una
auténtica temeridad a tenor de las nuevas investigaciones.
