Ley de Amnistía: como apuntalar los pilares de una dictadura

Cuelgo aquí el artículo que hace unos días publiqué en la edición digital del periódico Diagonal. Un ejemplo de como el actual sistema democrático está sustentado sobre la dictadura y los cadáveres de los luchadores por la libertad que todavía hoy están en las cunetas de España. 

“El presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado.” Con esta frase definía la Ley de Amnistía Rafael Arias Salgado, portavoz del gobierno de UCD de Adolfo Suarez. La Ley de Amnistía fue aprobada el 15 de octubre de 1977 por las primeras cortes democráticas tras la muerte de Franco.

Pero tras esa Ley y tras esas palabras de Arias Salgado, se esconde todo un componente que marcará el devenir del nuevo régimen, que viene de la ilegitimidad del anterior y no de una ruptura con él.

La Ley de Amnistía exoneraba de todos los crímenes cometidos en España con anterioridad al 15 de diciembre de 1936 y hasta el 15 de junio de 1977. Todos los crímenes cometidos en ese tiempo quedaban amnistiados y los presos políticos quedaban en libertad. No todos, porque aquellos que no aceptaron el modelo siguieron en la cárcel, al tipificar la ley que todos los actos cometidos con anterioridad al 15 de octubre de 1977 que fuesen constitutivos de delitos lesivos no serían amnistiados. Era un párrafo dirigido básicamente contra los integrantes de ETA-Militar.

Sin embargo, el exonerar cualquier crimen entre 1936 y 1977 era el gran triunfo del Franquismo para que no fuese juzgado por crímenes contra la Humanidad. Todos los supuestos crímenes que había cometido el bando perdedor en la Guerra habían sido juzgados por el Franquismo bajo una legislación arbitraria que contemplaba la presunción de culpabilidad y no la de inocencia. Los miles de consejos de guerra que durante el Franquismo se desarrollaron eran todo un componente ilegítimo donde el reo estaba sentenciado de antemano. Y no por crímenes sino por cuestiones ideológicas. Un modus operandi que no varió el franquismo en sus casi 40 años de existencia. A pesar del surgimiento del TOP (Tribunal de Orden Público) donde se siguió juzgando las ideas, lo que el Franquismo consideraba como un atentado contra el régimen pasaba por tribunal militar. Incluso ese TOP, que había tenido como antecedente el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, se convirtió con la muerte de Franco en la actual Audiencia Nacional.

La Ley de Amnistía exoneraba a los criminales que durante el Franquismo habían actuado de tal forma. Pero por dicha Ley también se cubría en un manto de olvido a las víctimas. No iban a poder ser reparadas. Aquellos que entre 1936 y 1977 había sido asesinados por cuestiones políticas iban a quedar condenados al ostracismo. Desde los miles de militantes antifascistas de primera hora, hasta Salvador Puig Antich, los cinco fusilados en septiembre de 1975, los muertos en Vitoria en enero de 1976 o, incluso, los abogados laboralistas de Atocha de enero de 1977.

Una Ley que, como no podía ser de otra manera, fue alegremente recibida por los franquistas. Teniendo en cuenta que todo el proceso de Transición fue dirigido por esas élites provenientes del Franquismo, era evidente que iban a legislar en esa línea. Pero esta Ley contó con la inestimable colaboración de un sector de la izquierda que recibió con algarabía y entusiasmo un proceso que sepultaba su propia historia. Poco le importó al PSOE y al PCE la combatividad de la sangre derramada por miles y miles de sus militantes fusilados, encarcelados y exiliados durante los largos años de la dictadura. Muy por el contrario prefirieron “amnistiar” los crímenes del Franquismo frente a sus propios militantes.

La jugada no quedó solo ahí. Esa ley fue aprobada, como hemos dicho anteriormente, por una cortes surgidas de las elecciones de junio de 1977. Elecciones que estaban lejos de ser libres. No todas las candidaturas políticas pudieron presentarse. Todas las opciones críticas con el proceso iniciado no fueron legalizadas. Ni republicanos ni extrema izquierda tuvieron hueco en esas elecciones. El parlamento lo compusieron opciones políticas, desde la izquierda moderada hasta los nacionalistas y los sectores franquistas, pasando por los comunistas, que iban a aprobar esa ley de punto y final. Igualmente, sin ser constituyentes, comenzaron a redactar una constitución que afianzaba las estructuras heredadas del Franquismo (el Jefe de Estado, la verticalidad política y sindical, las estructuras judiciales, etc.). Ningún funcionario franquista, fuese del cuerpo que fuese, fue depurado. Por el contrario continuaron en sus puestos. Lo mismo el Ejército o la colaboración eclesiástica con la dictadura. Tal como el dictador había dicho “todo quedaba atado y bien atado”.

Cuando muchos años después esos pactos de silencio habían caducado, las oligarquías políticas que siguen en el Gobierno se amparan en la Ley de Amnistía de 1977 para no juzgar los crímenes del Franquismo. Incluso el tan cacareado auto de Garzón era bloqueado por el propio juez en virtud de dicha ley y de su propia inhibición para juzgar el Franquismo. Han pasado ya 35 años. Y de esos polvos estos lodos.