Artículo publicado en la edición digital del periódico El Salto diario
Hace pocos días, el Ayuntamiento
de Madrid ha presentado un proyecto de memoria histórica que ha rescatado la
dimensión de la represión franquista por los fusilamientos efectuados en las
tapias del cementerio de La Almudena. Un trabajo de investigación que ha
ampliado la cifra de ejecuciones de 2663 que había establecido el libro de
Mirta Núñez y Antonio Rojas Friend a 2934 que ha establecido las
investigaciones del historiador y profesor de la UCM, Fernando Hernández Holgado.
Cuestión que ha determinado que el Ayuntamiento de Madrid promueva un memorial
para los fusilados en las tapias del cementerio del Este.
Pero
aquí no voy a hacer un repaso a la historia de la represión en la ciudad de
Madrid, que también ha ocupado algunas páginas de mis investigaciones, sino a
la defensa de un oficio, el de historiador, que con cuestiones como está se
pone en tela de juicio por parte de algunos políticos, algunos periodistas y
algunos voceros de los que crean opinión pública. Y lo hago desde la posición
de quien ejerce este noble oficio de la investigación y la docencia histórica.
Fue
curioso comprobar como tras la exposición de resultados de las investigaciones
del profesor Hernández Holgado, siguió una lista de insultos y descalificaciones
a su investigación e, incluso, a su persona. La portada de un periódico de este
país hablando de supuestos homenajes a “chequistas” o la vinculación instantánea
el profesor Hernández Holgado a Izquierda Unida para desacreditar su
imparcialidad en las investigaciones, no es nuevo. Hace dos años asistimos a
uno de los ataques más espectaculares contra investigadores e historiadores
cuando una campaña contra la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo
XX tumbó un proyecto de memoria histórica para la ciudad de Madrid bajo
acusaciones de baja estofa a sus integrantes. Desde su directora, Mirta Núñez,
hasta los componentes del grupo de investigación del mismo (incluido el que
firma estas líneas). Y estos ataques no venían determinados por trabajos de
investigación que pusieran en entredicho las hipótesis o conclusiones de sus
integrantes. Los ataques fueron ad
hominem y vinculando a cada integrante a una ideología política concreta y
con acusaciones falsas que no se correspondían con la realidad. Pero el
objetivo de tumbar el proyecto, se consiguió.
Este
tipo de actitudes se deben a varias cuestiones básicas:
-
En primer lugar al nulo respeto que se tiene al trabajo
de investigación histórica. Los historiadores o investigadores pasamos horas y
horas en bibliotecas, archivos, contrastando datos, pagando de nuestro bolsillo
viajes a recónditos lugares solo por localizar fuentes primarias que nos
permitan reconstruir nuestro pasado. Crear el armazón para escribir un libro o
un artículo científico son meses y años de investigación. Tiempos largos para
tener bien cogidos los puntos nodales de las hipótesis y conclusiones que
quieres mantener. Sin embargo, tras todos esos trabajos, determinados sectores
sociales desacreditan la investigación argumentando “falta de objetividad” por
cuestiones ideológicas, favoritismos o desconocimiento. Muchas veces los
argumentos no pasan de decir una militancia política o el típico “yo me he leído un libro que no dice eso”.
-
Lo segundo porque el oficio de historiador tiene una fácil
intrusión. Los intrusos de la Historia son frecuentes y suelen sentar cátedra y
dar lecciones a aquellos que si siguen un criterio científico a la hora de
estructuras investigaciones y trabajos. Esto no quiere decir que para ser
historiador haga falta una licenciatura o un doctorado en la materia, pero si
hace falta saber discriminar la información, darle sentido y coherencia como la
materia científica de la Historia reclama. Esos intrusos de la Historia montan
obras en tiempo record que se venden como churros y que desacreditan a
investigadores de amplio calado y profunda formación (profesionales en su
materia)
-
Los argumentos ad
hominem son un recursos fácil para desacreditar. Y curiosamente, esa
desacreditación viene siempre en nuestro país cuando te vinculan a algunas de
las ideas que fueron derrotadas tras la Guerra Civil española. Ser comunista,
republicano, socialista o anarquista e historiador a la vez no puede ser para
algunos sectores, porque mediatiza tu visión y haces una historia “subjetiva” y
“militante”. Sin embargo, se reclama esa “objetividad” desde grupos que son
también políticos y mediatizan su visión a partir de la llamada
“equidistancia”. Si un historiador es profesional su ideología política no le
mediatiza. Y esos historiadores que se les acusa de ello tienen obras de
investigación que son fundamentales para entender nuestro pasado inmediato.
Además, es muy curioso que estas cuestiones estén tan en boga pues en otros
tiempos no eran así. Albert Soboul pasa por ser uno de los historiadores más
afamados y más importantes sobre la Revolución francesa. Sus teorías, hoy
algunas superadas, son parte imprescindible para entender ese acontecimiento.
Albert Soboul era también militante del Partido Comunista Francés. Y aunque
hubo siempre quien se lo reprochó, la comunidad científica histórica no
consideró eso un valor fundamental para censurar una obra. Muy por el contrario
estamos ante uno de los mejores historiadores de dicha materia. Daniel Guerin
fue un historiador francés especialista en historia del anarquismo y del
fascismo. Profesor de Universidad, Guerin tiene obras de importante calado y de
profunda investigación para entender la historia del anarquismo y de los
movimientos totalitarios. Guerin era anarquista (a caballo con el marxismo),
pero sus ideas no le impiden realizar un trabajo profesional. Eso es lo que se
pone en duda constantemente en España. Si tienes unas ideas automáticamente era
catalogado de algo y tu obra desautorizada en muchos círculos. A este juego
también caen historiadores profesionales que se sienten cómodos en lugares
comunes y prefieren catalogar y descalificar a investigar y debatir.
Siguiendo
un poco con este hilo argumentativo, la verdad es que los esquemas se repiten
una y otra vez. El lenguaje utilizado es el lenguaje del franquismo. La
utilización del término “chequista” es ya de por sí una anomalía. Las palabra
checa, de origen ruso, se utilizó en España para denominar a los centros de
detención ilegales que partidos políticos y sindicatos del Frente Popular
tuvieron hasta noviembre de 1936, que fueron clausurados por orden gubernativa
(echen un vistazo a la historia). Sin embargo, aunque el término hizo fortuna
entre los sublevados contra la República y los sectores de la derecha, esas
estructuras no eran checas. Eran Comités, conformados por integrantes de
distintas organizaciones, que no tenía vinculación orgánica ni con el Estado
republicano ni con las propias organizaciones políticas y que ejercieron una
acción arbitraria contra personas que no pasaron por ningún juicio. Una
situación que finalizó por orden del Ministerio de Justicia en
noviembre-diciembre de 1936 y que estructuraba Tribunales Populares frente a la
arbitrariedad de los Comités. Algunos de aquellos dirigentes e integrantes de Comités
fueron juzgados por las propias leyes republicanas. Muchos excesos que se
cometieron en la retaguardia republicana fueron juzgados por estos tribunales.
Por ejemplo el asalto a la prisión de Durango que acabo con penas contra
dirigentes de la UGT vasca. Estas cuestiones terminológicas y de funcionamiento
de los Comités en Madrid han sido ampliamente trabajadas por historiadores como
Javier Cervera Gil o, muy recientemente, por el joven historiador Fernando
Jiménez Herrera con una magnífica tesis doctoral sobre la represión republicana
en Vallecas y que, esperamos, pueda publicar en recientes fechas. Hay muchos
más, desde luego.
Desautorizar
el trabajo del profesor Hernández Holgado diciendo que se hace una defensa de
“chequistas” es de muy baja estofa. Lo que el grupo del profesor Hernández
Holgado ha hecho es recuperar las ejecuciones que sentenció un tribunal contra
personas que no tuvieron ni la más mínima posibilidad de defensa. Porque los
tribunales militares franquistas no estaban ni conforme al Estado de Derecho ni
garantizaban un juicio justo al reo. Lejos de una presunción de inocencia
(propia de nuestra sociedad) existía una afirmación de culpabilidad (propia del
totalitarismo).
Cada
vez que se habla de “chequistas” se hace referencia a la fuente por
antonomasia: la Causa General. Una fuente que hemos utilizado todos los
historiadores pero que, desde luego, hay que coger con pinzas y contrastarla
con otras. Es una fuente realizada bajo el patronazgo del franquismo. Hernández
Holgado y su grupo lo que han hecho ha sido trabajar con ella y ponerla en
relación con los censos, con los libros del cementerio, con los archivos
militares, con el registro civil, etc. Esa es la labor del historiador. Y
curiosamente, en la mayoría de los casos que se realizan ese tipo de trabajos
científicos, las cifras de la represión franquista sube y la de la represión
republicana baja. Porque lo que hicieron las fuentes franquistas en las que se
basan muchas afirmaciones fue relativizar u ocultar la represión ejercida por
el régimen de Franco y sobredimensionar la republicana, que efectivamente
existió y quien lo niegue miente.
Estas
cuestiones que son sencillas en España no son tenidas en cuenta. Y lo que se
hace una y otra vez es desautorizar y atacar de forma indiscriminada a los
historiadores. Cuestión que proviene, curiosamente, de aquellos que en su vida
han pisado un archivo ni saben que es eso de contrastar fuentes. Los
historiadores pueden tener distintas conclusiones sobre mismos acontecimientos.
Esa es una de las riquezas de la ciencia histórica, que como ciencia humana no
es axiomática ni crea leyes universales. Pero una cosa es discutir sobre
historiografía, donde la hay más progresista y más conservadora, y otra muy
distinta es desautorizar por decreto a alguien que ha escrito algo y que no le
gusta ni a algunos políticos o periodistas de turno, que demuestran su
ignorancia supina sobre la historia de España. No olvidemos una cosa. La
memoria histórica es un movimiento social que esta cubriendo las vergüenzas que
no asume el Estado. Pero también es una corriente de investigación histórica
conformada por profesionales a los que mucha gente no les tiene ni el más
mínimo respeto. Somos profesionales, desarrollamos nuestro trabajo y pedimos
respeto para nuestro trabajo.
Y
hay que decir ¡ya basta!.
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