Artículo aparecido en el último número del periódico CNT con motivo de los 50 años de la ejecución de Francisco Granado y Joaquín Delgado.
El
18 de agosto de 1963 eran ejecutado a garrote vil dos integrantes de
la Juventudes Libertarias. Francisco Granado y Joaquín Delgado. Se
les acusó de perpetrar un atentado contra la sede de los sindicatos
verticales franquistas y la DGS. Un Consejo de Guerra les condenó a
muerte y en apenas 10 días fueron ejecutados en la cárcel de
Carabanchel de Madrid. En pleno agosto, para poder ahorrarse el
régimen franquista protestas de carácter internacional como había
sucedido unos meses antes con el caso del comunista Julián Grimau o
el asesinato por parte del régimen del guerrillero Ramón Vila
Capdevila “Caraquemada”.
Tras
haber pasado varios años desde la finalización de la Guerra Civil
la maquinaria de represión del franquismo no había parado. Los
intentos de acabar con la dictadura por parte de la oposición al
franquismo se habían tornado en fracaso. Mientras alguno de los
derrotados en la guerra cambiaron sus estrategias e intentaron minar
el régimen desde otras posiciones, los libertarios no cejaron en el
empeño de una oposición frontal a la dictadura. Numerosos
militantes libertarios trataron de acabar con el régimen a partir de
la lucha guerrillera, que se extendió hasta bien entrada la década
de 1960. Otros intentaron acabar con la vida de Franco. Desde que el
anarquista Antonio Vidal lo intentase en Tenerife en 1936, se unieron
a él los intentos de Pedro Androver Font con la colocación de unos
arte"Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han
dado su vida por algo pero, como siempre, los verdugos los han
ejecutado por nada"factos explosivos en la catedral de
Barcelona, el de Laureano Cerrada en 1948 con la colaboración de
otros anarquistas como Pedro Mateu o Antonio Ortiz, sobrevolando San
Sebastián, o el del grupo Los Maños, que en conexión con algunos
militares desafectos al régimen querían atentar contra el dictador
en el interior del propio palacio de El Pardo. Todos se tornaron en
fracaso.
El
movimiento libertario llevó entonces a cabo un debate interno de sí
las fuerzas perdidas en derrocar al franquismo con una oposición
frontal había sido beneficioso para el propio movimiento. Aunque una
amplia mayoría del movimiento libertario valoró esos años como de
pérdida de fuerzas y viendo que la represión había hecho mella en
las estructuras libertarias tanto del interior como del exterior,
otros no cejaron en su empeño de poder acabar con la dictadura y con
la figura del dictador.
A mediados de la década de 1950 se creo un organismo que iba a
servir para coordinar las acciones de oposición al franquismo en el
interior del país. Este organismo comenzó a tomar cuerpo e
importancia con el Congreso de Limoges de 1961, cuando todas las
fuerzas del movimiento libertario se volvieron a unificar. Había
nacido Defensa Interior (DI) siendo Octavio Alberola uno de sus
dinamizadores.
El
affaire Granado y Delgado
Francisco
Granado y Joaquín Delgado eran dos de esos miles y miles de
españoles que tuvieron que salir del país por razones políticas y
económicas. Los origenes de cada uno de ellos era completamente
distinto y convergieron en Francia. Francisco Granados había salido
del país por cuestiones económicas buscando una vida mejor fuera de
la España franquista. En Francia tomó contacto con los grupos
libertarios y se afilió a los mismos, pasando a tener una actividad
política en oposición al franquismo. Joaquín Delgado era hijo de
anarquistas que tras la Guerra Civil se exiliaron. Él desde muy
temprano se vinculó a las Juventudes Libertarias.
El compromiso que Granado y Delgado adquieren con las organizaciones
libertarias lo querían materializar de alguna manera. Aunque el
objetivo que les llevó a cruzar la frontera francesa y recalar en
Madrid era la idea de asesinar a Franco, la dificultad de la empresa
hizo que al final no hiceran absolutamente nada en su estancia en
Madrid.
Sin embargo el 29 de julio de 1963 hacían explosión dos
artefactos. Uno de la Dirección General de Seguridad y otro en la
Delegación Nacional de Sindicatos. En ninguno se produjeron víctimas
mortales contabilizándose una veintena de heridos.
Dos
días después, el 31 de julio de 1963 eran detenidos Francisco
Granado y Joaquín Delgado acusado de la colocación de los
artefactos explosivos. Detención y torturas en la Dirección General
de Seguridad hasta que confesaran algo que no habían cometido.
Con
una velocidad de vértigo fueron pasados a disposición judicial y
juzgados por un Consejo de Guerra sumarísimos sin ninguna garantía
judicial. Ese Consejo de Guerra les condenó a pena de muerte por
garrote que fue ejecutado pocos días después, el 18 de agosto de
1963. A pesar de que no había ninguna prueba que incriminase a los
jóvenes libertarios en lo sucedido, el franquismo se cobró su
tributo de sangre. La ejecución fue rápida, en tiempo que no podía
haber capacidad de reacción. Y eso a pesar que incluso el Consejo
Ibérico de Liberación (organismo al que pertenecía Granado y
Delgado) declaró el 11 de agosto de 1963 que no tenían nada que ver
el asunto.
Esta evidencia se demostró por la existencia en ese momento en
Madrid de otro grupo de jóvenes libertarios que fueron quienes
colocaron esos artefactos explosivos sin víctimas. Bombas que según
sus propios autores se colocaron para “hacer ruido”. Pero nunca
para ejecutar una acción de amplio alcance. Era inviable que se
pudiera hacer una acción de ese tipo.
El
crimen legal se había consumado. Dos víctimas más a la larga lista
que el franquismo ya atesoraba. Y no iban a ser las últimas. Todavía
quedaba una larga década de crímenes franquistas. Algunos de los
que participaron dentro del aparato franquista que ejecutaron a
Francisco Granado y Joaquín Delgado aun están vivos. La Ley de
Amnistía de 1977 les exime de ninguna culpa. Los intentos de los
familiares de Granado y Delgado para restablecer su inocencia y su
figura se han tornado de momento en fracaso.
Los juicios del franquismo, carentes de cualquier garantía
jurídica, siguen siendo 50 años después completamente legales.
Pero por encima de las cuestiones jurídicas se muestra las
cuestiones morales y éticas. La lucha contra la dictadura franquista
era un compromiso ético, una necesidad histórica para acabar con el
fascismo en España. Sin embargo ese fascismo no fue derrotado y se
asimiló en las estructuras políticas tras la muerte de Franco. Ahí
radica que el asesinato de Granado y Delgado hoy siga siendo legal.
Lo
dijo el Robert Escarpit en Le Monde el 22 de agosto de 1963:
"Francisco
Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo
pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada".
Los años de silencio ante el crimen legal no tiene que impedimento
de nada. La lucha por la memoria y por la recuperación de la
historia esta vigente. En nuestras manos está conseguir acabar con
tanta impunidad de la que hoy goza el fascismo.
Mauricio
Basterra
