En pleno “trienio del Terror”, el Franquismo usó la explosión accidental de un polvorín militar para terminar con la resistencia comunista de Alcalá.
La posguerra española pasó sus años de plomo durante la década de 1940. Los desastres bélicos, el hambre (que trajo consigo enfermedades ya erradicadas u otras que incluso no pudieron catalogar), el miedo, el silencio y la represión brutal y calculada, eran el pan de cada día. Lejos de ser un baluarte de fortaleza, las instalaciones militares eran deficitarias y profundamente destartaladas.
Desde 1939 hasta mediados de los años ‘50, se sucedieron desastres en polvorines y zonas de armamento que provocaron más caos a la ya maltrecha sociedad española. De todos ellos el más famoso fue el de Cádiz en agosto de 1947, donde la explosión de un depósito de minas provocó más de 150 muertes.
En 1947 Alcalá de Henares (Madrid) seguía siendo una ciudad derrotada. Derrotada por la Guerra Civil, ya que la ciudad complutense había sido leal a la República hasta el final. Derrotada por la represión, ya que, siendo ciudad penitenciaria, fue testigo de centenares de consejos de guerra y las tapias de su cementerio triste espectador de una fiesta de sangre de los vencidos. Derrotada por la miseria que asolaba la ciudad en esos duros años de la posguerra.
Aquella noche del sábado 6 de septiembre, Alcalá de Henares tembló y una nube de polvo cubrió toda la ciudad. Tras momentos de incertidumbre se comienza a reaccionar. La conclusión es ya clara. Los polvorines militares situados en el puente de Zulema han explotado. Allí había tres polvorines. El Zulema y los Gurugú A y Gurugú B. Son estos dos últimos los que han hecho explosión.
Hasta allí se desplazan dotaciones de fuerzas de seguridad, ambulancias, bomberos y ciudadanos. El paisaje que contemplaron fue dantesco. El cerro se había esfumado, toneladas de tierra habían sido removidas, la fábrica Río Cerámica había sufrido daños irreparables, y la casa de Bonifacio Loeches, un antiguo concejal socialista durante el periódico republicano, había desaparecido.
Desde el primer momento la instrucción del caso recae en el juez militar Rafael de las Morenas Alcalá. Se instruye la causa 142.010. El primer informe de dos peritos militares habla de numerosas hipótesis (sabotaje, explosión fortuita, mal estado de las pólvoras, simpatía de explosión, etc.). A pesar de ello se ve muy complicada la existencia de aparatos detonadores y de la posibilidad de sabotaje. Era el 7 de septiembre. El 9 de septiembre, con las cosas más claras, los peritos realizan una prueba ocular. El sabotaje se descarta.
Malas prácticas en el polvorín
Cuando se van tomando declaraciones los soldados van dando pistas. Se habla de destrucción de material en mal estado los días previos y de traslados de pólvoras a cuevas alejadas del polvorín. Igualmente se habla de fallos eléctricos en la sala de tropa del polvorín, provocada por un grupo electrógeno deteriorado. La fábrica Río Cerámica más de una vez dio luz al polvorín y también se habla de chispazos en los cuadros de mando. Igualmente el hijo de Bonifacio Loeches temía algo parecido a lo de Cádiz, merced a que numerosas llamadas de la Guardia Civil preguntando por el polvorín hacían sospechar que las cosas no iban bien.
Con todos los datos técnicos y declaraciones que apuntan hacia una fatalidad y una negligencia militar (como en Cádiz), las autoridades castrenses ya actuaban en otra línea. Desde hacía unos días se estaba deteniendo a militantes del clandestino PCE y de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). La acusación: haber perpetrado un atentado terrorista.
La represión política
La derrota militar de la República y de sus organizaciones afines no fue óbice para que éstas siguieran adelante con la lucha contra el poder ilegítimo e ilegal de Franco. En Alcalá, desde muy temprano, las estructuras de la CNT y de los comunistas se fueron reorganizando.
En 1946, el Franquismo sabe que las potencias internacionales no van a intervenir directamente contra él y el Régimen lanza una nueva y criminal ofensiva. Entre 1947 y 1949 se produce el llamado “trienio del Terror”. Ya antes, la represión había comenzado en Alcalá.
Las sucesivas estructuras de la CNT, con el histórico Ignacio España a la cabeza, habían sido detenidas y encarceladas. Cuando el 6 de septiembre se produjo la explosión del polvorín, para las autoridades militares no había duda que tenían que actuar contra los comunistas. Bien es cierto que en algunas reuniones meses antes, algunos elementos de las JSU habían propuesto realizar sabotajes en los polvorines. Algo que fue desechado por las directivas superiores.
Aun así, pocas horas después de la explosión comienzan las detenciones de militantes del PCE y de las JSU a nivel local, comarcal y provincial. Las torturas en los interrogatorios les hacen acusarse mutuamente de algo que no habían cometido. La instrucción de la causa 142.010, abierta para investigar las razones de la explosión, se había convertido en un proceso político contra comunistas y sindicalistas. El juez Rafael de las Morenas deja la causa y cae en manos de Enrique Eymar, miembro del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC). Para él no hay ninguna duda. Los responsables son los comunistas. Y sin ninguna prueba, ocultando datos, divide la causa en cinco distintas y se monta una instrucción que es un auténtico montaje de Estado.
El 9 de julio de 1948 se celebra el Consejo de Guerra en Ocaña. Se dictan ocho sentencias de muerte por delito de terrorismo, nueve que oscilan entre 30 años y 12 años por rebelión y siete de seis años de reclusión también por rebelión. Luego hubo cuatro Consejos de Guerra más. Duras condenas, algunas con petición de muerte, fue el resultado final. Y tras la noche y la dictadura, el silencio y el olvido.
LAS EXPLOSIONES DE EL FERROL Y CÁDIZ
En 1943 estalla un depósito de municiones de la ciudad de Ferrol (Coruña). Entonces se abrió una investigación y una causa militar al respecto de este suceso. Fue la causa 321/943, la que analizó los factores que ocasionaron tal explosión. Todo quedó archivado como un accidente. Tras una rigurosa investigación, Enrique Barrera Beitia llegó a una conclusión más profunda del acontecimiento y que volvía a poner en tela de juicio al Franquismo. En 1943 todavía se estaba dirimiendo el conflicto mundial. Si bien España pasó de la neutralidad a la no beligerancia, su apoyo a las fuerzas del Eje fue descarado. En Ferrol repostaban barcos y submarinos alemanes. De estas cuestiones estaban al tanto los servicios británicos. Y estos, en contacto con la guerrilla anarquista de la zona, perpetraron la voladura de los depósitos de Ferrol. No hubo víctimas. Franco guardó siempre el secreto, pues de haberlo hecho público habría sido un ataque británico sobre territorio español, convirtiéndose el acontecimiento en casus belli y provocando con ello la entrada de España en el conflicto. La causa 321/943 está mutilada para ocultar esos datos. Años después, y pocos días antes de la explosión de Alcalá de Henares, hizo explosión un depósito de minas en Cádiz. Más de 150 muertos y centenares de heridos. Si bien hubo intentos de achacar el suceso a la resistencia antifranquista, esto no salió bien. Las autoridades militares tuvieron que reconocer, implícitamente, su negligencia, que provocó un auténtico caos y un crimen en Cádiz. El reciente libro de José Antonio Aparicio Florido La noche trágica de Cádiz: Testimonios inéditos de la Catástrofe de 1947, atestiguan este crimen de Estado, debido a la deficiencia en las instalaciones, el mal estado del material y un ejército deficitario, mal preparado y estructurado.
Julián Vadillo Muñoz
