Artículo publicado en la edición digital de El Salto diario con motivo del aniversario de los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933
Decía Francisco Giner de los Ríos
que España era el drama de un pueblo empecinado en convertir la utopía en
realidad, lo absoluto en relativo y el más allá en aquí y ahora. Y esta frase
del fundador de la Institución Libre de Enseñanza en 1876 es un buen resumen
para abordar lo que sucedió, algunos años después, en una pequeña aldea de la
provincia de Cádiz, cuando la Segunda República se estaba desarrollando en
España. Esa pequeña se llamaba Casas Viejas.
Sin
embargo sería muy fácil despachar rápido el tema de los sucesos de Casas Viejas
de enero de 1933 diciendo que fue obra de unos radicales anarquistas que se
levantaron contra las estructuras de la República y que fueron fatalmente
aplastados por las fuerzas de orden público. Resumir así el acontecimiento
sería no ser justos a la verdad y perder la perspectiva de lo que realmente se
estaba moviendo en la España de la década de 1930 y la complejidad del
movimiento libertario español.
Un
primer paso sería determinar algunas de las causas que provocaron que un grupo
de campesinos adscritos a las ideas libertarias promovieran la proclamación del
comunismo libertario en aquella pequeña aldea. Muy difícil sería entenderlo si
no tenemos en cuenta la estructura de la propiedad que imperaba entonces en
España. Un problema enquistado en la sociedad desde siglos atrás y que la política
de desamortización efectuada durante el siglo XIX no había contribuido a
corregir sino que, muy por el contrario, ahondó en los problemas y en las
desigualdades sociales. La herencia del modelo de propiedad de la tierra, que
provenía de la Edad Media, había generado en Andalucía y Extremadura una
estructura latifundista de propiedad donde unos pocos propietarios detentaban
la inmensa mayoría de la tierra frente a masas jornaleras que se veían privadas
del acceso a la misma.
A
pesar de ello desde el propio siglo XIX los trabajadores del campo buscaron una
solución a sus problemas, incluso llegando a protagonizar motines o movimientos
campesinos como los de 1866 en Loja. Incluso durante la Primera República
española, el presidente Francisco Pi i Margall promovió de forma teórica el
reparto de la tierra entre los campesinos, completando así una reforma agraria
real que las desamortizaciones no habían conseguido. El fracaso de la
experiencia republicana no fue óbice para que muchas de esas masas campesinas
considerasen que República era sinónimo de Reforma Agraria, aunque muchos de
sus efectivos ya se estaban encuadrando en las organizaciones obreras adscritas
al socialismo y, sobre todo, al anarquismo, muy influyente y hegemónico en
campo andaluz. Las lecturas de los movimientos socialistas iban más allá de un
cambio de forma de Estado y promovían la ocupación y toma de la tierra de forma
directa. Por ello, estos campesinos protagonizaron a finales del siglo XIX
movimientos como los de Jerez en 1892, donde las masas campesinas hambrientas
tomaron la ciudad reclamando justicia y la tierra. No eran movimientos
exclusivos de la zona de Andalucía, pues en otros lugares de Europa también se
dieron. Los anarquistas fueron protagonistas del mismo y utilizados como chivos
expiatorios para reprimir a los movimientos campesinos, tal como sucedió en
casos como La Mano Negra.
La
proclamación de la Segunda República en 1931 trajo consigo la esperanza de
cerrar el capítulo de la reforma agraria y promover un reparto justo y
equitativo de las tierras entre los campesinos. La promulgación de la Ley de
Bases de la Reforma Agraria en 1932 encabezada por el ministro Marcelino
Domingo, parecía que ponía fin a estas cuestiones. Mas teniendo en cuenta que
la propia República se había enfrentado ya a levantamientos de campesinos en
Castilblanco en diciembre de 1931 y en Arnedo en enero de 1932. Motines del
hambre donde los campesinos reclamaban mayor prisa en la cuestión agraria y que
terminó en enfrentamientos con las fuerzas de orden público y con víctimas.
Sin
embargo la Ley de Bases tuvo un doble problema. Por una parte los políticos
reformistas republicanos vendieron su aplicación a muy largo plazo mientras la
premura de las necesidades era inmediata. Por otra parte, el propio boicoteo de
los terratenientes a las leyes de la República. El famoso “¿No queríais República? Pues comed República”,
fue utilizado por muchos de ellos, que tampoco cumplieron leyes como las del
laboreo forzoso o se aplicaron de forma dudosa en muchos lugares la Ley de
Términos Municipales.
A
todos estos problemas se venía a unir el paulatino distanciamiento que la
República estaba teniendo con uno de los movimientos obreros más importantes en
el país: el anarcosindicalismo de la CNT. El movimiento libertario había
apoyado de buen grado la proclamación de la República en abril de 1931, pero
advertía su editorial en Solidaridad Obrera que si la República quería
consolidarse tenía que contar con la clase obrera. De no hacerlo, perecería. Y
a pesar de que la constitución republicana se había como “República de
trabajadores de toda clase”, para el anarcosindicalismo no se contó con la
clase obrera. Ello llevó a las huelgas y enfrentamientos que terminaron con
víctimas tanto en Sevilla en los sucesos del Parque de María Luisa como en
Madrid en la Huelga de la Telefónica.
Igualmente,
dentro del movimiento libertario se estaba dando un importante debate, entre
aquellos que consideraban que la posibilidad revolucionaria en España se tenía
que estructuras a medio/largo plazo por medio de una concienciación paulatina
de los trabajadores y tendiendo a la unión de las fuerzas obreras, y aquellos
que consideraban que había que aprovechar las ansias revolucionarias del pueblo
español y poner termino al capitalismo en un enfrentamiento, prácticamente
directo, con la República. Aunque a nivel historiográfico se ha mantenido el
falso mito de la llamada “gimnasia revolucionaria” y de los ciclos
insurreccionales, lo cierto es que el movimiento libertario se dividió en ambas
visiones, estructurando la CNT a partir del verano de 1932 los llamados Comités
de Defensa Confederal, como arma efectiva de la acción directa
anarcosindicalista, y haciendo llamamientos a algunas insurrecciones como las
que se tenía programada en enero de 1933 que se tornó en un auténtico fracaso.
Casas Viejas
El
movimiento que se había iniciado en enero de 1933 fue un fracaso por un cúmulo de
descoordinaciones entre el Comité Nacional de la CNT y los Comités de Defensa
Confederales, lo que llevó a la suspensión del movimiento que pretendía
proclamar el comunismo libertario en toda España, tal como se había realizado
en las cuencas mineras de Cardoner y en Figols un año antes.
Sin
embargo, por el corte de comunicaciones, esa suspensión no llegó hasta los
integrantes libertarios del pueblo gaditano de Casas Viejas donde, aunque no
todos los cenetistas estuvieron de acuerdo, se proclamó el comunismo
libertario, se quemó el registro de la propiedad, se compró los productos de la
tienda del pueblo al dueño, se ocupó el Ayuntamiento y hubo un enfrentamiento
con las fuerzas de la Guardia Civil con el resultado de varios campesinos
muertos y un Guardia Civil herido que acabó falleciendo. La bandera tricolor
republicana fue sustituida por la rojinegra de los anarquistas. El esquema
seguido por los anarquistas de Casas Viejas fue el clásico del verdadero
significado de la llamada “propaganda por el hecho”, que ya Malatesta había
puesto en práctica en el Benevento italiano en 1876. Minima violencia (excepto
el enfrentamiento con la Guardia Civil) y ocupación de los centros de poder.
Sin
embargo, el fracaso del levantamiento anarquista en Jerez hizo que se
desplazasen unidades de fuerzas de orden pública a Casas Viejas con la
finalidad de acabar con el movimiento. Al llegar las fuerzas de Guardias
Civiles de Alcalá de los Gazules, el movimiento por el comunismo libertario
había fracasado. Sin embargo, desde Madrid se estaban desplazando unidades de
la Guardia de Asalto a cuya cabeza se situó Manuel Rojas Feijespán, personaje
de reconocida ideología derechista. La llegada de Rojas Feijespán significó la
represión indiscriminada contra los campesinos. Fueron fusilados de forma
arbitraria muchos de ellos, algunos ancianos, y se cercó la casa de Francisco
Cruz Gutiérrez, alias Seisdedos, que fue incendiada con sus ocupantes dentro,
ametrallando la puerta para que nadie pudiese salir. De la catástrofe, María
Silva Cruz “La Libertaria”, nieta de Seisdedos, pudo escapar.
La
matanza culminó con 26 muertos, lo que provocó una autentica consternación en
la sociedad española por la brutalidad empleada contra unos campesinos que solo
reclaman tierra y pan y que, a excepción de la refriega con la Guardia Civil,
no habían tenido episodios de violencia.
Tras
los sucesos vino la búsqueda de responsabilidades por lo sucedido. Los
responsables directos fueron claros. Manuel Rojas Feijespán, Bartolomé Barba,
Arturo Menéndez y el delegado del gobierno de Cádiz, Fernando de Arrigunaga.
Cargos de la Guardia de Asalto, de la Guardia Civil y políticos. A pesar de los
años de cárcel, Rojas Feijespán y Barba participaron en julio de 1936 de la
sublevación contra la República, mientras Arturo Menéndez fue leal a la misma y
murió fusilado por los sublevados.
A
la zona del suceso se desplazó una comisión parlamentaria que emitiría un
informe sobre los sucesos. Con ellos se desplazaron periodistas que vieron y
hablaron de primera mano con algunos de los habitantes de la aldea. Entre ellos
cabe destacar las plumas de Ramón J. Sender, que escribió el texto Viaje a la aldea del crimen. Documental de
Casas Viejas y Eduardo de Guzmán que publicó una serie de artículos en el
diario republicano La Tierra.
Sin
embargo las responsabilidades se pedían más arriba. Aunque como bien a
demostrado Tano Ramos en su obra El caso
Casas Viejas: crónica de una insidia, no hubo una orden directa por parte
del gobierno de la República de represión contra los campesinos anarquistas y
sí una extralimitación de unas fuerzas de orden público dudosamente depuradas y
que se cobró una contribución de sangre y odio contra el anrquismo en la zona,
lo cierto fue que la gestión del acontecimiento fue deficitaria para el gobierno
de Manuel Azaña que sufrió un revés y un desgaste de su gestión. De forma
indirecta, el gobierno fue responsable de los sucesos. Los socialistas se
fueron separando paulatinamente del gobierno, hasta salir de él en septiembre
de 1933, dejando a los republicanos de izquierda en minoría. La derecha, para
nada amiga de los anarquistas a los que detestaba, aprovechó el acontecimiento
para desgastar al gobierno y preparar a conciencia las elecciones de noviembre
de 1933 que le dio la victoria.
Para
los anarquistas el acontecimiento también fue devastador, porque fue la
ejemplificación del fracaso de una estrategia. Ello le valió en el futuro para
replantearse las mismas, llegando a considerar a partir de 1934 que el objetivo
era la unidad obrera con la UGT. En el congreso de Zaragoza de mayo de 1936, la
CNT hizo un repaso al primer bienio republicano, considerando que la estrategia
seguida no fue la correcta y que era inviable un enfrentamiento directo de la
central libertaria contra el capitalismo sin la participación del resto del
movimiento obrero.
Sin
embargo, Casas Viejas siempre estuvo en el imaginario colectivo del movimiento
obrero y libertario. La fuerza de su recuerdo llevó al franquismo a cambiar de
nombre al pueblo, rebautizado como Benalup, recuperando su nombre hace pocos
años.
Hoy
el acontecimiento se recuerda con la señalización de lugares de la memoria y
con numerosas obras históricas (Jerome R. Mintz, Tano Ramos, José Luis
Gutierrez Molina, etc.), donde plantean lo que sucedió en una pequeña localidad
y el fin cruel de unos campesinos que pidieron tierra, pan y libertad.
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